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Por Silvia Ribeiro
Finaliza hoy una nueva ronda de negociaciones sobre cambio en Lima, Perú, sin ningún compromiso real para enfrentar el cambio climático, pero con la firme intención de los contaminadores de echarnos la culpa a todos y aprovechar el desastre para hacer nuevos negocios. Los mayores contaminadores históricos buscan eliminar para siempre el principio estipulado en Naciones Unidas sobre “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países, debido a que los BRICS son ahora grandes emisores. La disputa sirve de excusa para no comprometer reducciones reales de gases de efecto invernadero y en su lugar promover falsas soluciones: mecanismos de carbono y tecnologías altamente peligrosas.
Es la primer conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada después del nuevo informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que afirma hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en 40-70 por ciento al año 2050 y a cero emisiones en 2100. De lo contrario, la temperatura subirá de dos hasta ocho grados, causando una cadena de catástrofes, sobre todo en los países del Sur.
Los datos son claros y las responsabilidades también: el caos climático se debe a la expansión del industrialismo basado en petróleo, gas y carbón, principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. La responsabilidad histórica es brutalmente desigual: 10 países, principalmente Estados Unidos y países europeos, causaron más de dos tercios de los gases emitidos desde 1850. Gracias a su entrada al industrialismo salvaje, el principal emisor ahora es China, con cerca de 23 por ciento de las emisiones globales, seguido de Estados Unidos, con cerca de 16 por ciento. Traducido a emisiones por persona, Estados Unidos emite en promedio 17 toneladas por persona y China 5.4.
El anuncio de un acuerdo entre ambos para bajar emisiones en 2030 quiso dar al mundo la imagen de que había algún progreso. Pero sus propuestas son tan falseadas como las negociaciones en Lima: no se trata de reducir emisiones realmente sino de afirmar nuevos mecanismos conceptuales, de mercado y tecnológicos, para seguir contaminando.
La nueva bala de plata se llama “emisiones netas cero”. No es necesario dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino tomar medidas que lo compensen, en un artilugio contable que en términos netos daría cero.
La idea ya existía con los mercados de carbono, que no han servido ni un ápice para reducir emisiones, pero sí para justificar que empresas y actividades contaminantes sigan emitiendo, siempre que fondos públicos paguen, por ejemplo, a alguna comunidad en otro país para conservar el bosque que ya conservaban (por ejemplo los proyectos REDD), u otros, como recuperar metano en grandes basureros o criaderos de animales, por los que obtienen bonos de carbono que generan sustanciosas ganancias en la reventa, aunque no sirvan en nada para enfrentar el cambio climático.
Por desgracia, el IPCC, infiltrado por intereses de las transnacionales de la energía, endosa en su nuevo informe un paquete de tecnologías altamente peligrosas que sugiere podrían usarse para lograr esas “emisiones netas cero”: captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés); bioenergía con CCS (BECCS) y energía nuclear. Aunque el IPCC insiste que lo necesario es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, inventa escenarios que podrían compensar “tecnológicamente” esto, removiendo los gases una vez liberados.
Con la llamada captura y almacenamiento de carbono (CCS) se propone la absorción de gases emitidos por diferentes industrias (carbón, petróleo, minería y otras) para inyectarlos a presión a grandes profundidades, en fondos geológicos o marinos. Es una tecnología originada en la industria petrolera, usada para recuperar las últimas reservas a gran profundidad. Ahora, la promueven como solución para secuestrar y almacenar dióxido de carbono. La tecnología tiene altos riesgos, empezando porque nadie puede asegurar que el dióxido de carbono permanecerá en el suelo, que no habrá fugas en otra parte o en el futuro, lo cual tendría no sólo impactos en el clima, sino también en la naturaleza y humanos, ya que el CO2 a altas concentraciones es tóxico. Al igual que el fracking, podría además causar terremotos.
La tecnología CCS implica grandes obras de infraestructura y es muy cara, razón por la que las petroleras no la han usado más. Ahora podrían lograr que se les pagara para usarla y almacenar carbono, lo cual sería un subsidio público a las mayores causantes del cambio climático, apoyándolas de paso para que exploten más petróleo y externalizando los riesgos a todos.
BECCS (bioenergía con CCS) es aún peor, ya que implica todo lo anterior y además plantar extensos monocultivos de árboles, cultivos y pastos –aumentando los acaparamientos de tierra y la disputa por suelo y agua para producir alimentos–, quemarlos para energía y absorber el CO2 con CCS. Esto, según la contabilidad de emisiones netas, daría emisiones negativas, convirtiendo a las petroleras de grandes bribones en salvadores del planeta. Ambas tecnologías son consideradas geoingeniería, con lo cual, al legitimarlas abren la puerta a otras tecnologías de manipulación del clima, que podrían desequilibrar aún más el clima global.
En las calles, al contrario que en las negociaciones, se manifestaron una gran cantidad de opciones reales para enfrentar el caos climático y resistir los abusos, desde la agricultura campesina a organizaciones comunitarias urbanas y rurales que, sin esperar, siguen construyendo la justicia climática.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 13 de diciembre de 2014