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Silvia Ribeiro*
El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación según Naciones Unidas, fue declarado por la Vía Campesina “Día internacional de acción por la soberanía alimentaria y contra las corporaciones trasnacionales”, definición mucho más acorde con la realidad, que define lo que realmente está en juego. (http://tinyurl.com/znhf8vb) Este año, además de acciones en muchos países, cientos de organizaciones confluyen en el Tribunal internacional sobre Monsanto que se realiza en La Haya, Holanda, cuyos testimonios y deliberaciones se pueden ver en el portal http://es.monsantotribunal.org/.
En el último año hemos visto cómo las mayores corporaciones de semillas, fertilizantes y agrotóxicos se han fusionado en dimensiones difíciles de imaginar. Aún pendientes de aprobación por autoridades antimonopolio, si lo logran, quedarán tres megaempresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow) que dominan más de dos tercios de esos mercados globales.
Paradójicamente, esas empresas que inventaron los transgénicos, están ahora viendo su declive. A 20 años del inicio de la siembra comercial de transgénicos, el ISAAA (instituto digitalizado por las empresas biotecnológicas) reconoció que el área de transgénicos plantados en el mundo disminuye. Es un porcentaje pequeño, pero marca una tendencia, con un millón 800 mil hectáreas menos, según cifras de la propia industria, que siempre son alegres. Pese a ajustar a su favor las estadísticas en estos 20 años, no pudieron ocultar que solamente 10 países siguen teniendo más de 98 por ciento del área sembrada con transgénicos. Cinco de ellos disminuyeron ahora su área sembrada. En 20 años registraron más de 70 especies cultivables modificadas genéticamente, pero siguen siendo cuatro commodities –soya, maíz, canola y algodón– que representan 99 por ciento de la siembra, casi la totalidad no para alimentación, sino para combustibles y forrajes.
Los transgénicos están tan desprestigiados, que la industria se empeña en que los cultivos manipulados con biotecnologías más recientes se llamen “edición genómica”, intentando ocultar que es ingeniería genética y son otra forma de transgénicos. Cada vez que hablan de alguna de estas tecnologías (como Crispr-Cas9, Talen y otras basadas en biología sintética), señalan que “ahora sí son precisas y se sabe qué parte del genoma están modificando”, admitiendo que con los transgénicos anteriores no tenían –ni tienen– conocimiento ni control de la manipulación y que nos han usado a todos como cobayos para sus experimentos.
Varios testimonios del Tribunal Monsanto mostrarán el impacto devastador en salud pública y contaminación ambiental que ha significado el aumento hasta de 2000 por ciento en el uso de agrotóxicos en las zonas de siembra de transgénicos. No se trata de una progresión del uso de químicos que ya ocurría con los híbridos, sino un aumento exponencial por ser semillas manipuladas para tolerar agrotóxicos, principalmente glifosato, lo cual provocó que más de 20 hierbas invasoras se volvieran tolerantes a éstos.
Los transgénicos fracasan pero las intenciones de las empresas siguen intactas; por eso las fusiones, las nuevas técnicas, las maniobras encubridoras, en pos de aumentar el control de agricultores y consumidores.
Ya vemos también la cresta de la ola del tsunami tecnológico que se ha ido gestando en años, hacia una agricultura robotizada, con drones, GPS, sistemas satelitales y aplicaciones digitales para controlar desde la porción de comida para cada vaca o pollo encerrado, hasta las dosis de químicos en cada mata en grandes monocultivos. Común a todo es que proponen eliminar aún más gente del campo. Según Rob Fraley, de Monsanto, se habían demorado: “Toda la industria agrícola está en una gran transformación. Es la última de las grandes industrias que se digitaliza”, declaró poco antes de aceptar la fusión con Bayer (http://tinyurl.com/jas8r87).
En contraste, en México sigue en pie la suspensión de la siembra de maíz transgénico, que ya lleva más de tres años, gracias a la demanda colectiva de un grupo de ciudadanos y organizaciones, mientras en la península de Yucatán están suspendidas las siembras de soya transgénica, en diferentes procesos a cargo de comunidades, organizaciones campesinas y de apicultores, organizaciones ambientales y sociales. La más reciente, a iniciativa del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo Semillas Nativas Much Kana I’inaj con Educe, la Asamblea de Afectados Ambientales y otras organizaciones, denuncian que en la propia ley de bioseguridad hay elementos inconstitucionales. En conferencia el 3 de octubre, expusieron que el modelo agrícola industrial y en particular los transgénicos aseguran el despojo de la tierra y las semillas nativas, la contaminación de suelo y agua, la pérdida de la biodiversidad y daños a la salud y ambiente por el glifosato. (http://tinyurl.com/z35t9o3)
Pese al aluvión de evidencias en su contra, este 16 de octubre las empresas, secundadas por gobiernos e instituciones internacionales, insistirán en que necesitamos alta tecnología, transgénicos y “agricultura climáticamente inteligente” para afrontar el hambre y el caos climático. La falsedad de este discurso está al desnudo y sus impactos ambientales, de salud y sociales a la vista en el Tribunal Monsanto y sobre todo, en cada lugar donde las y los campesinos, comunidades, organizaciones barriales, de estudios, culturales, de científicos críticos, muestran que el camino para la soberanía alimentaria y la salud ambiental y de las personas es el opuesto: la agricultura y semillas campesinas, los mercados locales, las huertas urbanas, biodiversas, descentralizadas y en manos de quienes las trabajan.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 15 de octubre de 2016