Guerra disfrazada de consulta

Por Silvia Ribeiro

La siembra de soya transgénica en la península de Yucatán es muy grave por gran cantidad de razones: viola derechos de las comunidades y pueblos originarios de la región, amenaza sus territorios y fuentes de sustento, como la apicultura; promueve la deforestación; implica un despliegue inusitado de agrotóxicos, con altos impactos a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad, y pone en riesgo un ecosistema único de suelos kársticos de alta permeabilidad, a cenotes y cuerpos de agua subterráneos, lo que a su vez llevará a alta contaminación del agua potable con glifosato, agrotóxico declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.

Algunos de estos factores y otros adicionales llevaron a que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el entonces Instituto de Ecología emitieran dictámenes negativos a la liberación de soya transgénica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas expresara una larga lista de serias preocupaciones al respecto. Pese a esto y contra la expresa oposición de comunidades, apicultores, técnicos y pobladores de la península, la Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) autorizaron a Monsanto en 2012 la siembra de 235 mil hectáreas de soya transgénica, en estos y otros estados del país.

Desde entonces, varias asociaciones de apicultores, comunidades y organizaciones no gubernamentales, que incluyen a la coalición MA OGM y Greenpeace, presentaron amparos contra este permiso. Las maniobras de empresas e instituciones gubernamentales implicaron un tortuoso camino que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a finales de 2015, resolvió suspender la siembra hasta que se realizara una consulta con las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán. Siendo un triunfo que la Corte reconociera que este aspecto había sido violado, el abogado Jorge Fernández Mendiburu señaló que era una victoria envenenada, porque el fondo de las demandas, por daños al ambiente y salud, habían sido descartados. Además, si no le son favorables, las autoridades pueden no tomar en cuenta el resultado de las consultas, como ha sucedido en otros conflictos en territorios de comunidades indígenas, como la tribu yaqui contra el acueducto Independencia, los rarámuri contra el gasoducto en Barrancas del Cobre y otros.

El proceso en Campeche y Yucatán que está en una primera fase de “acuerdos previos” sobre cómo realizar la consulta, está siendo desde ya objeto de burdos ataques y agresiones por autoridades, apoyadas por las empresas. La misión de observación que se constituyó a pedido de las comunidades, denunció que Sagarpa, Cibiogem y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas no respetan el proceso, convirtiendo lo que serían sesiones de información en actos de propaganda a favor de los transgénicos, permitiendo la entrada a agricultores y miembros de campos menonitas, a favor de los transgénicos, que crean un ambiente de amenaza. En Hopelchén ocuparon el lugar de la reunión, impidiendo de facto la entrada a las comunidades que deben ser consultadas (goo.gl/cNaFVd).

Greenpeace denunció también que algunos llegaron en camionetas de las trasnacionales semilleras (goo.gl/vG3L15).

Destacan en ese deplorable contexto las declaraciones de Yuri Peña, de Ecosur, presidente del Consejo Consultivo de Cibiogem –del que para muestra basta este botón–, quien instó en una de las reuniones a las comunidades mayas a “liberarse del miedo a los transgénicos”, alegando que si Europa los rechaza es porque son ignorantes. Ante tal falacia de forma y contenido, más de 70 estudiantes de doctorado y doctores investigadores de Ecosur escribieron una carta pública, explicando que sus declaraciones no representan ni a esa institución ni a su comunidad científica y declaran que “…existe suficiente evidencia científica en cuanto a los riesgos potenciales que la siembra de transgénicos representa para la sociedad y en específico para la seguridad alimentaria, la economía y la naturaleza de México, así que llamamos a hacer uso del principio de precaución y no permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país”. Atinadamente agregan que si bien los científicos tienen un papel para “traducir honestamente temas complejos” para su compresión general, decisiones como ésta exigen tomar en cuenta muchas otras perspectivas y conocimientos (goo.gl/0GUF3b).

Mientras prosigue esta guerra disfrazada de consulta, en Quintana Roo, el juez sexto de distrito sentenció este año que también en ese estado se había violado el derecho a la consulta. Miembros del Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, integrado por indígenas, campesinos, apicultores y ejidatarios del pueblo maya del poniente de Bacalar, con el respaldo del Colectivo Apícola de los Chenes, EDUCE, la coalición MA OGM y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), ya presentaron un recurso de revisión de esa sentencia. Raymundo Espinoza, abogado en este caso y asesor de la ANAA, señaló que si bien es cierto que se viola el derecho a consulta –que aparece en todos los casos como un trámite que se puede subsanar para seguir adelante con la siembras– aludir sólo a este aspecto, pretende eliminar las cuestiones que preocupan a los pueblos. Por ello los demandantes impugnaron la imposición de una consulta, con el objetivo de que el tribunal reconsidere la anulación del permiso de siembra de soya transgénica, verdadero propósito de la demanda (goo.gl/4OkdCO).

No es lo mismo “consulta” que consentimiento previo, libre e informado. Y ninguna comunidad, ni campesino o apicultor maya consiente con los transgénicos.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 23 de julio de 2016