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Silvia Ribeiro
En las últimas semanas hemos visto importantes victorias de la resistencia contra los transgénicos, al tiempo que se acumulan evidencias de sus impactos negativos sobre salud, medio ambiente, economías.
El 7 de marzo, un juzgado de Campeche concedió un amparo contra la siembra de soya transgénica aprobada a Monsanto por Sagarpa en 2012. El litigio fue iniciativa de las comunidades mayas Pac-Chen y Cancabchen de Hopelchén, Campeche, junto a varias asociaciones de apicultores. El amparo aplica a todo el estado. Reclaman que se violó el derecho de los pueblos indios a la consulta libre, previa e informada y su derecho a un medio ambiente sano, por el alto uso de agrotóxicos y la deforestación que conlleva la soya transgénica, así como por los impactos devastadores en la apicultura, actividad tradicional y base del sustento de más de 25 mil familias campesinas en la península de Yucatán.
Mostraron que Semarnat y Sagarpa (secretarías de Ambiente y Agricultura) ignoraron intencionalmente los dictámenes negativos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), sobre siembras de transgénicos en la zona. Esto se ha repetido en muchos otros casos del país donde el gobierno federal ha autorizado la siembra de maíz transgénico en parcelas experimentales y piloto. Sistemáticamente, los funcionarios han ignorado los dictámenes críticos a los transgénicos de sus propias autoridades técnicas.
El mismo mes adquirió notoriedad un artículo científico que demuestra la contaminación de miel con polen de soya transgénica en Hopelchén. Esto significa un fuerte impacto a las comunidades por la imposibilidad de exportar la miel a Europa, su principal ingreso. El artículo publicado el 7 de febrero en Scientific Reports, del grupo editorial Nature. El autor principal es Rogel Villanueva, investigador de Ecosur. Pone al descubierto otra mentira de la industria transgénica: que como la soya se auto-poliniza y las abejas no llegan a sus flores, no hay riesgo. Al contrario, queda demostrado que representa una grave amenaza a la biodiversidad y las bases del sustento campesino.
El 15 de marzo, el Ministerio de Agricultura de Francia prohibió la siembra del maíz transgénico Mon810, de Monsanto, manipulado con la toxina de la bacteria Bt. El decreto, basado expresamente en el principio de precaución, se tomó por la inminencia de la época de siembra, aunque en abril habrá una discusión legislativa. Informan que “según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz Mon810 presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos, convertidos en resistentes”. Francia es el décimo país europeo que prohíbe este maíz. En enero, el Parlamento Europeo votó contra el consumo humano y animal del maíz transgénico 1507, de Dupont-Pioneer, con toxina Bt y tolerante al agrotóxico glufosinato, por considerar que los riesgos son muy altos y los métodos de evaluación insuficientes. Aunque cada país europeo puede prohibir los transgénicos si fueran aprobados por la Unión Europea, Francia propone que debido al riesgo de contaminación, las empresas deben solicitar la aprobación de cada país por separado. Otro dato que deja al descubierto las normas de bio(in)seguridad en México, que afirman se puede sembrar en algunas zonas sin contaminar otras, un dato desmentido por la realidad nacional y mundial de hallazgos de contaminación a grandes distancias.
En Brasil, un juez emitió el 13 de marzo un dictamen histórico contra la liberación del maíz transgénico Liberty Link de Bayer, tolerante a glufosinato, luego de un litigio de siete años de las organizaciones Terra de Direitos, Idec, Asociación de Pequeños Agricultores y AS-PTA. El juez dictaminó que el estudio de impacto ambiental no sirve por no estar adecuado a los diferentes biomas de Brasil. La sentencia cuestiona de hecho todas las aprobaciones de transgénicos en Brasil, que no tienen en cuenta la diferencia de riesgos según los ecosistemas. En México, pese a ser un país megadiverso con decenas de ecosistemas diferentes, la supuesta evaluación es aún más estrecha.
El mismo mes, el gobierno chileno retiró de la discusión una propuesta de ley de semillas, que asimilaría la legislación de variedades vegetales a la convención UPOV 91. Este convenio internacional garantiza los derechos de las trasnacionales, en desmedro de las semillas campesinas y públicas, por lo que en Chile la llaman “Ley Monsanto”. Una enorme oposición social de Anamuri, Vía Campesina y muchas otras organizaciones forzó esta retirada. Nuevamente: varios contenidos de esa ley están aprobados en México en leyes que regulan semillas. En 2012, se intentó, sin éxito gracias a la oposición de organizaciones y científicos, cambiar la ley sobre variedades vegetales para armonizarla a UPOV 91.
En Córdoba, Argentina, la Secretaría del Ambiente de esa entidad rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para construir allí la mayor productora de semillas de maíz transgénico del continente, por ser “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”. Esto como consecuencia de meses de una gran resistencia de organizaciones y vecinos que han sido gravemente afectados por los agrotóxicos que conllevan la siembra de transgénicos, incluyendo triplicar los casos de cáncer.
No tiene ningún sentido permitir la siembra y consumo de transgénicos, frente a los enormes riesgos que implican y existiendo una gran variedad de alternativas, superiores en salud, rendimiento y economía.
Publicado en La Jornada, México, 22 de marzo de 2014