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Silvia Ribeiro*
La semana del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, fue otra muestra del campo de batalla en que se ha convertido la comida y su cultivo. Nunca tan pocas empresas –todas trasnacionales– han tenido un porcentaje tan alto de un mercado esencial para la sobrevivencia. Seis empresas multinacionales (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, BASF, Dow) controlan 60 por ciento del mercado comercial de semillas global, 76 por ciento de los agroquímicos y 100 por ciento de los agro-transgénicos.
Al otro extremo, miles de millones de familias campesinas, indígenas y agricultores de pequeña escala conservan la gran mayoría de las semillas y alimentan a la mayoría de la población mundial, pese a agresiones a sus territorios, aguas, derechos, culturas. La guerra empresarial es contra ellos y su diversidad de semillas, que les molestan para lograr más dependencia y ganancias. Por eso insisten con plantar transgénicos en centros de origen, donde está la mayor diversidad de semillas y campesinos: maíz en México y arroz en Asia, cultivos básicos para la vida, e importantes mercancías del comercio internacional.
El 16 de octubre, en Brasil, estaba pendiente la discusión en una comisión parlamentaria la legalización de la tecnología Terminator, para hacer semillas suicidas. Es una tecnología transgénica desarrollada por Delta & Pine, propiedad de Monsanto, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 1998. Es el sueño de las trasnacionales porque la semilla da fruto, pero lo cosechado se vuelve estéril, condenando a los agricultores a volver a comprar. Además, el polen se puede cruzar con plantas vecinas y volverlas estériles. Atenta contra los derechos de los agricultores y campesinos, contra el acto básico que sostiene desde hace 10 mil años la agricultura: tomar semillas de la propia cosecha para sembrar en la próxima estación.
Es tan inmoral y peligrosa, que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas estableció una moratoria contra su experimentación y comercialización desde el año 2000. Pero las empresas que tienen patentes de Terminator (Monsanto, Syngenta, DuPont) siguen presionando. En 2006 y 2010, la delegación de México al CDB intentó eliminar la moratoria, como si fuera un cambio administrativo. No lo consiguió. En Brasil, que tiene la tecnología prohibida en su ley nacional de bioseguridad, hay desde 2007 y 2009 dos propuestas legislativas para permitirla. Si Brasil legalizara semillas Terminator, además de violar un acuerdo internacional, desataría una carrera de las empresas para aplicarla en todas las semillas y una vía libre para presionar a otros países a romper la moratoria.
Debido a la amplia movilización de organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales, incluyendo entregar una petición de cancelación firmada en tres días por más de 19 mil personas y organizaciones, el presidente de la comisión en cuestión retiró la propuesta de la agenda y se comprometió a que volverá mientras esté en el cargo. Pese a esta victoria, las dos propuestas para legalizar Terminator continúan en los laberintos legislativos, por lo que los movimientos se mantienen en alerta.
También de México llegaron buenas noticias. Luego de más de una década de resistencias y luchas de muchos y diversos actores en el país, el 9 de octubre un juzgado federal emitió una medida cautelar ordenando a las autoridades ambientales y agrícolas suspender los trámites para aprobar la siembra experimental, piloto y comercial de maíz transgénico. La suspensión es hasta que se resuelva el juicio por la acción civil que planteó un colectivo de 53 ciudadanos y organizaciones, incluyendo científicos, ambientalistas, productores, apicultores, artistas, entre ellos Antonio Turrent, Víctor Manuel Toledo, Miguel Concha. Adelita San Vicente y la organización Colectivas AC asumieron la representación legal.
Se han presentado anteriormente muchas acciones legales contra transgénicos, logrando retrasar las autorizaciones, pero el gobierno las ha ido vaciando de contenido, con cambios absurdos a reglamentos y similares, para evadir la enorme preocupación que entraña para millones de personas en México y el mundo, la contaminación del maíz en su centro de origen. Es tan grave, que estas maniobras integran uno de los expedientes a considerar en el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México en sus audiencias en noviembre, como caso flagrante de desvío de poder.
Esta decisión de suspensión es un paso importante, pero frágil. Las empresas ya han empezado su campaña pública y no pública para revertirla. Mientras el secretario de Agricultura afirma que decidirá por criterios científicos, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que en México se deben cultivar transgénicos, porque ya se importa maíz transgénico. (El Informador, 15/10/13). Olvidó aclarar que todas las importaciones son de trasnacionales para otras trasnacionales (para cría animal industrial, hipermercados, etcétera), que la población y agricultores nunca fueron consultados sobre estas importaciones y que se les eliminó a las empresas el pago de aranceles que permitía el TLCAN. Hecho el desfalco, ahora lo usan como argumento para sembrar maíz transgénico, otro absurdo, porque las áreas solicitadas ya producen maíz híbrido y nunca van a dar más con transgénicos, como explica Antonio Turrent. De cualquier forma seguirían importando y además el polen transgénico contaminará las variedades campesinas.
Seguiremos resistiendo, sean medidas legales o desde las milpas y desde todos los puntos donde crece la lucha por la defensa del maíz y sus pueblos.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 19 de ocrubre de 2013